El Universo, Miércoles 12 de enero del 2011 Economía
Locales de venta de DVD se instalan con aval de autoridades
En    las bodegas de la Policía Judicial del Guayas se hallan las 92.800    películas incautadas el lunes pasado en locales de venta de DVD.
Con   documentos pegados en las  puertas o paredes a la entrada de sus   locales exponen que cuentan con  Registro Único de Contribuyentes (RUC)   bajo la razón comercial de “venta  al por menor de discos y cintas   grabadas”, pagan patentes municipales  como “local de alquiler de   películas en cinta de video y discos láser” y  cumplen con las   inspecciones y tributos al Cuerpo de Bomberos.
Después    de realizar el trámite para esos permisos y funcionar durante un año,    Omaira Moscoso, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de  Comerciantes  y  Distribuidores de Productos Audiovisuales y Conexos  (Asecopac), dice   que no entiende por qué las autoridades no detienen  la instalación de   los locales durante su creación y ahora se los  clausura y se incautan   los productos, acusados de “piratería formal  lucrativa”.
Esto luego de dos notificaciones del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) en las que pedía a 26 establecimientos los comprobantes de pagar derechos de autor. El lunes pasado se cerraron seis negocios y se incautaron 92.800 películas.
Los negocios a los que se les retiraron las películas son El Coleccionista en sus dos locales (3.300), Showtime, con otros dos (61.000), Fox (27.000) y Movie DVD de Los Almendros (1.500), según los registros entregados por el IEPI.
Moscoso explica que su gremio entiende la necesidad de regularizarse, por eso empezaron con lo básico: pagar impuestos, que pueden redondear $ 300 por local, dependiendo de la ubicación y el tamaño.
Como siguiente paso, indica, se organizó la asociación para que sea la intermediaria a través de la cual se compren los derechos de autor, pues estas licencias son muy costosas para pagarlas de forma individual.
Moscoso agrega que este año mantendrán talleres sobre derechos de autor y comprarán licencias de películas de directores nacionales.
Esto mientras inician acciones legales para recuperar su propiedad incautada y detener los procesos legales.
Raúl Llerena, abogado de Asecopac, indica que durante reuniones realizadas con la asociación desde el lunes pasado se concluyó que van a presentar un recurso de reposición, con el que se busca reveer la sanción de la incautación de películas.
Luego, agrega, se realizará una apelación ante el Comité de Propiedad Intelectual para que se analice la multa de 1.800 dólares impuesta a los 26 locales por no informar sobre el pago de derecho de autor.
Según Llerena, también se seguirá un proceso en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo para impugnar y declarar la ilegalidad de ese acto administrativo.
Mientras se coordinan estos procesos, administradores de los locales afectados como Leonardo Ramírez, de Hollywood Video, seguirán trabajando, pero con precauciones.
Ramírez explica que como seguramente sus películas también serán incautadas ha disminuido la cantidad del producto en percha en sus tres locales.
Andrés Ycaza, director del IEPI, indicó que en esta semana se mantendrán los operativos que también incluirán a ocho locales notificados en Quito.
En cambio, confirmó que a los locales de la Bahía más bien se los incluirá en una campaña de concienciación que comenzará la próxima semana con la presentación de un libro sobre derechos de autor.
Esto luego de dos notificaciones del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) en las que pedía a 26 establecimientos los comprobantes de pagar derechos de autor. El lunes pasado se cerraron seis negocios y se incautaron 92.800 películas.
Los negocios a los que se les retiraron las películas son El Coleccionista en sus dos locales (3.300), Showtime, con otros dos (61.000), Fox (27.000) y Movie DVD de Los Almendros (1.500), según los registros entregados por el IEPI.
Moscoso explica que su gremio entiende la necesidad de regularizarse, por eso empezaron con lo básico: pagar impuestos, que pueden redondear $ 300 por local, dependiendo de la ubicación y el tamaño.
Como siguiente paso, indica, se organizó la asociación para que sea la intermediaria a través de la cual se compren los derechos de autor, pues estas licencias son muy costosas para pagarlas de forma individual.
Moscoso agrega que este año mantendrán talleres sobre derechos de autor y comprarán licencias de películas de directores nacionales.
Esto mientras inician acciones legales para recuperar su propiedad incautada y detener los procesos legales.
Raúl Llerena, abogado de Asecopac, indica que durante reuniones realizadas con la asociación desde el lunes pasado se concluyó que van a presentar un recurso de reposición, con el que se busca reveer la sanción de la incautación de películas.
Luego, agrega, se realizará una apelación ante el Comité de Propiedad Intelectual para que se analice la multa de 1.800 dólares impuesta a los 26 locales por no informar sobre el pago de derecho de autor.
Según Llerena, también se seguirá un proceso en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo para impugnar y declarar la ilegalidad de ese acto administrativo.
Mientras se coordinan estos procesos, administradores de los locales afectados como Leonardo Ramírez, de Hollywood Video, seguirán trabajando, pero con precauciones.
Ramírez explica que como seguramente sus películas también serán incautadas ha disminuido la cantidad del producto en percha en sus tres locales.
Andrés Ycaza, director del IEPI, indicó que en esta semana se mantendrán los operativos que también incluirán a ocho locales notificados en Quito.
En cambio, confirmó que a los locales de la Bahía más bien se los incluirá en una campaña de concienciación que comenzará la próxima semana con la presentación de un libro sobre derechos de autor.
IEPI CONFUNDIDO 
Dos actuacionesPiratería: Según el IEPI, el combate a la piratería se dará en dos fases: sanción contra la “piratería formal lucrativa” y campaña de comunicación a los negocios informales.
Exclusión: En la Bahía no habrá sanciones, pues en ese caso, señala el IEPI, el negocio es de subsistencia.

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