SR. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
ECO. RAFAEL CORREA DELGADO.
Señor Presidente.
La brecha que separa a los países ricos de los países pobres es cada vez más profunda, ya no solo es económica y tecnológica, ahora este inmenso abismo es cultural. A principios de los años ochenta, la UNESCO patrocinó un proyecto, nacido de la certeza de que la cultura no es una simple mercancía, sino un derecho social, y que la comunicación tiene la responsabilidad de la función educativa que ejerce. En ese marco, se planteó la posibilidad de crear un fondo internacional para la liberación de derechos de propiedad intelectual de obras fonográficas y cinematográficas consideradas patrimonio cultural de la humanidad, para que puedan ser comercializadas a bajo costo en los países del tercer mundo, con el ánimo de paliar de alguna manera los horrendos desequilibrios estructurales que imperan en el mundo actual. Aunque el proyecto fue formulado en términos muy cuidados y más bien ambiguos, el gobierno norteamericano montó en furia ante este atentado contra la libertad de expresión y la libertad de empresa. ¿Por qué tenía que meterse la UNESCO en los asuntos que pertenecen a las fuerzas vivas del mercado? Entonces, ante la amenaza de este país de retirarle el financiamiento a la UNESCO, se archivó la posibilidad de un sistema de transferencia cultural desvinculado del poder político y del interés mercantil, procediéndose a penalizar y perseguir todos los intentos de libre circulación de información cultural entre los estados. Por tímido que sea, cualquier proyecto de independencia, puede amenazar la división internacional del trabajo, que atribuye a unos pocos la función activa de producir cultura y opiniones, y atribuye a todos los demás la función pasiva de consumirlas.
Esta práctica política se extendió, con acentuado énfasis en los países latinoamericanos lo que generó un escenario dilatado de problemáticas equivalentes en temas de propiedad intelectual. En el Ecuador la política de Derechos de Autor es aplicada a través de el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual ¨IEPI¨. Institución que debería convertirse en una herramienta de civilidad, para que todos los ciudadanos involucrados en la cadena de valor de las industrias culturales confluyan en mesas de negociación manejadas con transparencia, promoviendo la participación de los actores del sector interesados en la regulación y legalización de la comercialización de productos audiovisuales, mediante procesos consensuados que permitan la plena vigencia de los derechos de autor, hasta convertirlos en política de estado, realizando estudios detallados sobre el impacto del derecho de autor y los derechos conexos en la economía nacional.
Los comerciantes y distribuidores de productos audiovisuales del Ecuador que formamos parte de la Asociación Ecuatoriana de Comerciantes y Distribuidores de Productos Audiovisuales "ASOCOPAC"
1. Consideramos que es necesario iniciar procesos de negociación en busca de la vigencia de las Leyes de Propiedad Intelectual y expresamos nuestra voluntad de cumplir con el pago de los derechos de autor a sus legítimos propietarios, en función de las condiciones específicas de la economía nacional.
2. No pretendemos apadrinar ni justificar la tremenda inequidad e injusticia que ha caracterizado a la relación entre los sectores inmersos en la producción y comercialización de productos audiovisuales.
3. Consideramos que, en las actuales circunstancias, es pertinente remediar estos conflictos con soluciones reales, ajustando la aplicación de las leyes a las circunstancias de la dinámica social y no pretendiendo provocar que las circunstancias de lo social se adapten a una estructura jurídica, construida sin la participación ciudadana de los sectores inmersos en el proceso.
Es decir, la aplicación de las leyes de propiedad intelectual no puede ser unilateral, arbitraria e inconsulta, debe contemplar fases de transición que permitan la regularización sistemática del mercado a través de negociaciones con los sectores involucrados, con el fin de disminuir el impacto de la aplicación de estas políticas, evitando que se conviertan en causales del desempleo de más de 60.000 familias inmersas en la comercialización de productos audiovisuales en el territorio nacional.
No podemos compartir el criterio de funcionarios que todavía esgrimen los conceptos que Rockefeller enunciaba en los años 60, que sostenía que la mejor manera de eliminar la mendicidad era matando a los mendigos; la mejor manera de eliminar la pobreza era matando a los pobres, la mejor manera de acabar con las revoluciones era matando a los guerrilleros en los vientres maternos, esterilizando masivamente a los sectores pobres de la población. No se puede terminar con la Piratería o con el comercio informal de productos audiovisuales matando de hambre a las personas que ejercen esta actividad económica, este es un problema que rebasa el ámbito de lo estrictamente legal para convertirse en un problema con múltiples aristas de orden social.
Desde la perspectiva, del Buen Vivir (Sumak Kausai) establecido como principio básico de nuestra constitución, en lo referente al ejercicio de los derechos y garantías sociales, económicas y ambientales. Está consagrado el derecho al trabajo plasmado en los principios orientadores del régimen económico, que se caracterizan por promover una relación armoniosa entre los seres humanos individual y colectivamente:
Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo.
En esencia la construcción de una economía solidaria, al tiempo de recuperar varias soberanías como concepto central de la vida política del país.
El IEPI debe liderar los procesos de regularización y legalización de las actividades económicas que por ausencia de pago de derechos de autor se hallan inmersas en situaciones conflictivas y buscar una sistemática inserción de estos grupos informales en el estricto cumplimiento de las políticas de derechos de autor, como ha ocurrido en otros países de América Latina, que después de establecer acuerdos sociales, han conseguido la plena vigencia de las leyes de protección de la propiedad intelectual, mediante negociaciones multilaterales que se sustenten en un estudio profundo sobre la repercusión de la paulatina aplicación de las leyes de derechos de autor y sus efectos sobre la cultura, examinando las propuestas que buscan mantener, en el nuevo entorno, el equilibrio entre el ejercicio del derecho de autor y el derecho al acceso a la cultura de los grupos humanos contemplado en la constitución.
Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado:
7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva.
La constitución ecuatoriana percibe los derechos culturales, como aquellos derechos que garantizan el desarrollo libre, igualitario y fraterno de los seres humanos y en esa capacidad singular que tenemos de poder simbolizar y crear sentidos de vida que podemos comunicar a otros. Estas realidades se tienen que afrontar con tratamientos diferenciados dentro de los derechos culturales colectivos que se constituyen en bienes jurídicos que son protegidos por la constitución.
El sábado 20 de Noviembre, durante el enlace ciudadano, escuchamos con profunda admiración Señor Presidente, su elocuente pronunciamiento con relación a la política de propiedad intelectual de los grandes laboratorios y las corporaciones transnacionales que comercian medicinas a nivel global lucrando con la salud, el dolor y el derecho a la vida de millones de seres humanos, en esta ocasión usted sostenía valientemente, que por encima de los intereses de las transnacionales, que ya han obtenido millones de millones de dólares de lucro, estaba el derecho a la salud del pueblo ecuatoriano, el derecho a la vida, lo que constituye una posición digna y soberana, punto de vista valorado por todos los ecuatorianos que hemos encontrado en su histórico liderazgo, Señor Presidente el coraje, vergüenza, equidad y decencia que son los más altos valores del ser humano. La cultura es un bien patrimonial de la humanidad imprescindible para el desarrollo humano, para que el ciudadano pueda tener una visión crítica y participativa en la sociedad, para el Sr. Ban Ki-moon Secretario General de Naciones Unidas, el derecho a la Cultura es tan importante como el derecho al agua, como el derecho a la vida, como el derecho a la salud, sin embargo, parece que algunos funcionarios no terminan de entender que ahora tiene plena vigencia la participación ciudadana, por eso nos amenazan y promueven la aplicación de la ley de propiedad intelectual a ultranza, la ley por encima de los derechos humanos, por sobre los derechos sociales, por encima de la razón. Los funcionarios del IEPI han iniciado un boicot abierto al proceso de regularización emitiendo declaraciones confusas y discriminatorias para provocar que amplios sectores de comerciantes de las Bahías y de la Ipiales se desvinculen del proceso y, sentando un precedente lamentable discriminatorio, ilegal e inconstitucional, han emprendido una campaña de hostigamiento y persecución en contra de los miembros de nuestra organización, en una actitud atentatoria contra todas las convenciones de derechos humanos y contra la constitución ecuatoriana, que establece la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, han promovido Expedientes Administrativos en contra de las personas que encabezamos esta iniciativa ciudadana para cumplir con las leyes de Propiedad Intelectual, precisamente cuando estamos obteniendo resultados importantes en el proceso de regularización.
La Declaración de los Derechos de Virginia
La igualdad, principio éste que fue utilizado en la Declaración de los Derechos de Virginia del 20 de junio de 1776; donde, en su art.1 expresa ¨...todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y tienen ciertos derechos igualmente libres e independientes, y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales cuando entran en estado de sociedad; no puedan, por ningún contrato privar o despojar a su posterioridad especialmente el goce de la vida y la libertad...¨
En la Revolución Francesa de 1879
Con sus principios de libertad, igualdad y fraternidad; proclaman en forma teórica, un sentido filosófico que como norma jurídica destinada a tener real vigencia, la igualdad de las personas ante la ley prohibiendo todo trato discriminatorio.
En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (10 de Diciembre de 1948)
Se establece algunos artículos, que hacen referencia a la igualdad de las personas frente a la ley. Así en el art.1 se indica ¨...todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad de derechos...¨ y en el art. 2 de la misma Declaración ¨...todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción de raza, color, idioma, religión, opinión política...¨
La actual Constitución Política del Ecuador
En el art. 23 numeral 3; se indica en que consiste la igualdad ante la ley, donde se expresa ¨...todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, idioma, religión...¨
EL principio de igualdad de todas las personas ante la ley
Según es el sentir de la ciencia y el espíritu de la Constitución, no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios, que no se excluya a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias.
La igualdad implica uniformidad e imparcialidad, lo que la vincula con el principio de la generalidad del derecho.
El pensamiento de la igualdad se presenta íntimamente concertado con la justicia, en cierto sentido puede decirse que ser tratados con justicia es equivalente a ser tratados de un modo igual.
La igualdad ante la ley
La expresión significa principalmente:
a) Que las normas jurídicas no deben establecer desigualdades injustas e impertinentes en materia de los derechos fundamentales, estos deben ser atribuidos de un modo igual a todos los sujetos de la especie humana; sin consideración de algún aspecto de índole social, económico, político, etc.
b) Otra significación de la igualdad ante la ley, sería tomar en cuenta aquellas desigualdades que justificadamente puedan ser tenidas como relevantes en el mundo del derecho, es decir, implica tratar a cada uno según lo que le corresponda; siempre y cuando eso que le corresponda, tenga un alcance en la área de lo jurídico.
Otras formas de igualdad
Pero también la igualdad ante la ley, quiere decir ante todo y por encima de todo, igualdad en cuanto a la dignidad de la persona individual; por tanto igualdad en sus derechos fundamentales o esenciales.
¿Quién se erige en defensor de este concepto de legalidad? Las instituciones del estado no pueden ser utilizadas para perseguir a los pequeños comerciantes de copias de dvd, que ahora son tratados como delincuentes y que lo único que hacen es trabajar honestamente para mantener a sus familias con dignidad. ¿Buscan acaso proteger los intereses del pueblo ecuatoriano, que después de cientos de horas de trabajo tiene derecho a un justo y sano esparcimiento a un costo razonable y proporcional a su nivel de ingresos? (derechos contemplados en la constitución y que no puede ser soslayados a pretexto de la aplicación irreflexiva e inconsulta de la Ley de Propiedad Intelectual). No es una novedad, que estos mismos funcionarios repitan como poseídos el discurso de las grandes transnacionales que han convertido a la Cultura en una mercancía de lujo, a la que solo pueden acceder quienes tienen dinero, todos conocemos los métodos de estas grandes empresas.
Entonces la cultura jamás será de todos, estará condicionada a la capacidad adquisitiva de las personas, se convertirá en privilegio de muy escasos ciudadanos.
¿Cuántos ciudadanos de nuestro país pueden disfrutar del trabajo de los Hermanos Lumiere de Meliés de Truffaut, de Darren Aronofski, de la magia inmortal de Chaplin gracias a los dvd que se comercializan en las calles? No es gracias a las políticas estatales de difusión cultural, ni a los funcionarios encargados de la formulación de las políticas culturales, ni a los medios de comunicación. La venta informal de información cultural se ha convertido en la principal fuente de democratización de la cultura en nuestro país, gracias a ella nos hemos aproximado a la esencia de otras geografías, de otras culturas, a sus inventarios de valores y derechos a su visión de la vida, sus costumbres y tradiciones, a su memoria ancestral colectiva.
A pesar de haber sido el vicepresidente de los Estados Unidos y candidato a la presidencia en el 2008, el nombre de Al Gore no le sonaba a nuestros hijos y jóvenes, hasta ver un documental comprado en la Bahía llamado "Una verdad incómoda", que se ha convertido en el referente de la problemática del calentamiento global, en todas las instituciones educativas del país, entonces también deberían encarcelar por complicidad en el delito de piratería a miles de maestros de las escuelas y colegios del país, que han cometido la atrocidad de utilizar este excelente documental para concientizar a los estudiantes sobre este inmenso problema que se cierne sobre la humanidad.
No es sensato Señor Presidente, que en momentos en los que la ciudadanía debate temas de seguridad ciudadana, en medio de una crisis heredada de la perversa concepción social del neoliberalismo, donde la pobreza, la falta de oportunidades y la falta de fuentes de trabajo eran el común denominador, existan funcionarios que pretenden eliminar de un plumazo el sustento de más de 60.000 familias ecuatorianas, arrojándolas a la miseria y al desempleo, que son las causantes de la violencia y la inseguridad. Funcionarios del Estado con actitudes prepotentes, amenazantes, intransigentes y soberbias nos han maltratado y humillado, violando nuestros más elementales derechos constitucionales y ahora pretenden callarnos para poner en marcha una inconsulta, unilateral y arbitraria acción judicial para terminar con la actividad comercial que nos permite llevar el sustento diario a nuestros hogares.
Señor Presidente de la República en cada calle, barrio, pueblo, comunidad y ciudad del Ecuador existen miles de familias que ha encontrado en esta actividad su forma de sustento, en el Ecuador hay más negocios pequeños de venta de dvd que farmacias, y eso es muy bueno, porque habla de la buena salud de nuestra joven cultura. Si cierran una tienda de venta de Dvd, tendrán que cerrar todas, porque constitucionalmente, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y nos merecemos el mismo trato. Si como sostiene el IEPI, van a proceder a encarcelar a los ciudadanos que ejercemos esta actividad, lo primero que tendrá que hacer es construir nuevas cárceles, y campos de concentración porque somos más de 300.000 personas y estamos dispuestos a hacer respetar nuestros derechos.
No jugamos con el pan de nadie. Los grandes grupos multimillonarios protestan y nos discriminan llamándonos “piratas” y no les interesa que entremos en un proceso de regularización, pretenden destruirnos de un plumazo, utilizando a las instituciones del Estado y al poder judicial, porque teniendo sus bolsillos llenos de dólares preferirían, que estos se rebosaran más allá de la razón y la justicia.
Señor Presidente de la República somos padres y madres de familia que trabajamos para llevar el pan a nuestros hogares, se ha distorsionado maliciosamente nuestra imagen haciéndonos ver como delincuentes, pero somos un sector importante de la economía popular, contamos con los permisos de funcionamiento exigidos por las autoridades seccionales respectivas, y cumplimos con el pago de los impuestos fiscales, tenemos la voluntad de cumplir con la ley y pagar los derechos de autor a sus legítimos propietarios, por esta razón y conscientes de su gran sensibilidad social, le solicitamos disponga el inicio de un proceso técnico, justo y definitivo de regularización y legalización de nuestra actividad comercial, en función de la realidad nacional, que nos permita pagar los derechos de autor a sus legítimos propietarios, mediante una negociación multilateral ajustada a las condiciones objetivas de la economía nacional.
Por esta razón Señor Presidente hemos constituido la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de productos audiovisuales y conexos ASECOPAC cuyos objetivos fundamentales son:
1. La ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE COMERCIANTES DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES Y CONEXOS “ASECOPAC”, es una Organización de Comerciantes Autónomos que busca preservar y salvaguardar los derechos constitucionales de todos sus afiliados, para que puedan ejercer el legítimo derecho al trabajo contemplado en la Constitución y Leyes de la República del Ecuador.
2. La ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE COMERCIANTES DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES Y CONEXOS “ASECOPAC”, tiene como principio fundamental la Iniciación de negociaciones con las autoridades pertinentes para poner en marcha los procesos sistemáticos y paulatinos de regularización de las actividades económicas de todos sus miembros a nivel nacional con el objetivo de, en un lapso, prudencial y equilibrado, cumplir a plenitud con los preceptos legales de Derechos de Autor de los productos fonográficos, videográficos, películas, juegos de Video, Software y productos conexos que en la actualidad incumplen con estas obligaciones establecidas en la ley.
3. La ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE COMERCIANTES DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES Y CONEXOS “ASECOPAC”, tiene como objetivo promover y defender los derechos de propiedad intelectual de los autores, compositores y cineastas ecuatorianos, mediante el cumplimiento estricto de los mandatos establecidos en la ley.
4. La ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE COMERCIANTES DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES Y CONEXOS “ASECOPAC”, impulsará la creación de una estructura jurídica sólida que busque mantener en el marco del equilibrio y de la más estricta justicia, las relaciones entre los actores sociales inmersos en la producción y realización de productos fonográficos, videográficos, películas, juegos de Video, Software y los sectores involucrados en la distribución y comercialización de estos productos.
5. La ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE COMERCIANTES DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES Y CONEXOS “ASECOPAC” Pondrá a disposición de los cineastas, teleastas, realizadores y productores nacionales la más completa red nacional de distribución y comercialización de productos audiovisuales, con estricto respeto de las normas vigentes de derechos de autor, convirtiéndose en un factor determinante de desarrollo al abrir nuestro mercado y fuerza nacional de ventas con cerca de 60.000 puntos de comercialización al Cine Nacional.
Durante los últimos 5 años se han presentado algunas situaciones similares, propiciadas por funcionarios que se estrenan en los puestos públicos de control de derechos de propiedad intelectual, ante quienes hemos planteado la necesidad de encontrar soluciones definitivas a este grave conflicto de orden legal y social, encontrando como única respuesta la amenaza, el chantaje y la extorsión además de abusos por parte de algunas autoridades de control, habiendo sufrido la discriminación personal y moral endilgándonos la condición de PIRATAS, de manera ilegal, declarándonos delincuentes cuando es la inocencia, la legalidad y formalidad las que se presumen hasta cuando se pruebe lo contrario. Es hora de solucionar definitivamente esta situación, no queremos vivir permanentemente en zozobra, siendo discriminados y estigmatizados, queremos que nuestros hijos hereden el ejemplo y el orgullo del trabajo digno de sus padres, sin perjudicar a nadie y aportando para el desarrollo económico, cultural y social de nuestro país.
Por esta razón, luego de reuniones que hemos venido realizando desde hace aproximadamente un año, decidimos constituirnos en una Organización Social amparada en las leyes y reglamentos que rigen a las Organizaciones Sociales pertenecientes al Ministerio de Inclusión Económica y Social, en busca de preservar y salvaguardar los derechos constitucionales de los comerciantes de artículos audiovisuales, para que puedan ejercer el legítimo derecho al trabajo contemplado en la Constitución y Leyes de la República del Ecuador, nuestra Asociación tiene como objetivo fundamental la iniciación de negociaciones con las autoridades pertinentes para poner en marcha procesos sistemáticos y paulatinos de regularización de las actividades económicas de todos sus miembros a nivel nacional con el objetivo de, en un lapso prudencial y equilibrado, cumplir a plenitud con los preceptos legales de Propiedad Intelectual de los productos fonográficos, videográficos, películas, juegos de Video y productos conexos que en la actualidad incumplen con estas obligaciones establecidas en la ley.
Para este fin hemos iniciado conversaciones al más alto nivel con las principales autoridades nacionales del Ministerio de Inclusión Social y Económica la Lic. Peggy Ricaurte Ulloa y el Master Luis Silva Subsecretario de Cultura para la Región Litoral y Galápagos quienes han mostrado un enorme interés por las propuestas serias y realistas presentadas para la regularización de esta actividad económica por parte de nuestra Asociación. En el mes de noviembre del 2010 realizamos el primer foro de regularización de los Derechos de Autor en el Edificio del Ministerio del Litoral actividad en la que participó el experto en Derechos de Autor y Broker de Licencias Norteamericano Forest Young, evento al que asistieron las principales autoridades regionales del Ministerio de Inclusión Social Lic. Peggy Ricaurte y más de 250 comerciantes de productos audiovisuales del país. Evento del que se excluyó voluntariamente el IEPI pese a la invitación a sus funcionarios. Desde esta fecha realizamos reuniones semanales para evaluar el avance del proceso de regularización, proceso histórico que como usted comprenderá se lo puede concretar después de un arduo proceso de negociaciones.
Como se explica Señor presidente, que luego de iniciado este proceso el IEPI, inicie acciones administrativas, causas penales y sanciones judiciales contra nuestros agremiados, empezando con nuestra presidenta que ha sido víctima de presiones e intimidación, aunque parezca paradójico y sospechoso el principal enemigo del proceso de regularización y legalización de esta actividad económica son los funcionarios del IEPI, que ante el conocimiento público de las acciones emprendidas por nuestra institución para legalizar esta actividad, han boicoteado abiertamente este proceso, sus directivos han realizado declaraciones ante los medios de comunicación afirmando de manera inconstitucional, ilegal, y discriminatoria, sin mediar ningún estudio técnico que justifique sus decisiones que han iniciado Acciones Administrativas, judiciales y penales en contra de 26 locales pertenecientes a nuestra Asociación con el ánimo de dividirnos y crear incertidumbre entre nuestros compañeros, boicoteando la iniciación del proceso de regularización, afirmando paladinamente que los comerciantes de la Bahía y de la plaza Ipiales en Quito, que son los más grandes distribuidores de estos productos en el Ecuador, pueden continuar comerciando productos ilegales, mientras ellos sancionarán a nuestros socios que han emprendido la regularización selectivamente, esgrimiendo argumentos vergonzosos e inconcebibles en funcionarios de tan alta investidura, demostrando un absoluto desconocimiento del mercado y haciendo gala de una arrogante antojadiza actitud segregacionista, penada por las leyes ecuatorianas.
En tal virtud Señor Presidente, conocedores de su profunda sensibilidad, de su compromiso con los intereses de nuestro pueblo, nos dirigimos a usted muy respetuosamente para solicitarle nos conceda unos minutos de su preciado tiempo para exponerle nuestro proyecto de regularización y legalización del comercio de productos audiovisuales y conexos, con el fin de contar con su respaldo para llevar adelante uno de los procesos históricos de legitimación de la economía popular, gracias a las condiciones creadas por la Revolución ciudadana.
MUCHAS GRACIAS SEÑOR PRESIDENTE.
Atte.
LIc. Omaira Moscoso Pezo.
